Un inquietante problema de seguridad se está gestando cerca de nuestro hogar mientras los líderes de Estados Unidos se concentran en amenazas reales o imaginarias a la seguridad en regiones distantes. Hay indicios de que está empeorando y que ha aumentado abruptamente en los últimos años la violencia en México, mayormente relacionada con el comercio de drogas ilegales. Dicha violencia involucra peleas por el territorio entre las diversas organizaciones que trafican drogas, mientras buscan obtener el control sobre el acceso al lucrativo mercado de Estados Unidos. Estas peleas, se extienden a luchas entre los traficantes y las fuerzas policiales y militares de México. A causa de la gravedad del problema el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió advertencias para los estadounidenses que viajan a México. El turismo de los Estados Unidos hacia ciudades ubicadas en la frontera de México — donde la violencia fue más encarnizada— ha caído de manera significativa. Pero lo más preocupante, es que la violencia se está filtrando a través de la frontera y está llegando a comunidades en el sudoeste de Estados Unidos. Los funcionarios de Estados Unidos, alarmados ante el creciente poder de los cárteles de la droga de México, han presionado al gobierno de Felipe Calderón para que instrumente una campaña más vigorosa de lucha contra el narcotráfico. La respuesta por parte de Calderón fue asignar al ejército la función de liderar las iniciativas para eliminar a los traficantes, en lugar de depender de las fuerzas policiales federales y locales, totalmente corrompidas por el dinero del narcotráfico. Washington instrumentó la primera etapa de la denominada “Iniciativa Mérida”, en reconocimiento al esfuerzo realizado por el gobierno de Calderón. En junio de 2008, el Congreso aprobó una cuota de US$400 millones, basándose en el Plan Colombia: la medida de asistencia de lucha contra el narcotráfico de Colombia y otros países productores de drogas ilícitas de la región andina. Este programa, que está en su noveno año, ha costado más de US$5.000 millones y no logró una reducción significativa en el flujo de drogas proveniente de América del Sur. Es probable que la Iniciativa Mérida cueste miles de millones de dólares y sea igual de ineficaz. El abandono del modelo de prohibición como mecanismo para abordar el problema del narcotráfico es la única manera eficaz de controlar la violencia en México y su filtración hacia Estados Unidos. Otras soluciones propuestas como, entre ellas la de evitar la entrada de armas provenientes de Estados Unidos en México, y la aplicación de un control más estricto en las fronteras o ganar (de alguna manera) la batalla contra las drogas, son inútiles. Mientras siga vigente la estrategia prohibicionista, se mantendrá la enorme prima de mercado negro en el precio de las drogas ilegales, y la tentación que esa ganancia representa, combinada con la ilegalidad, garantiza que el comercio siga en manos de los elementos delictivos más despiadados y más propensos a la violencia. Si se pone fin a la prohibición que rige sobre las drogas, las organizaciones delictivas que trafican narcóticos perderían su financiamiento, y, al mismo tiempo, se permitiría que empresas honestas participen del negocio y estén satisfechos con márgenes de ganancia normales. La otra alternativa consiste en arriesgarse a que México se convierta en un narcoestado caótico, con todas las consecuencias alarmantes que ello tendría para la seguridad de Estados Unidos.
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20230213-vecino-en-problemas-la-violencia-relacionada-con-las-drogas-en-mexico-es-una-amenaza-para.pdf | 144.69 KB |