El limbo democrático: Estado de Derecho, crimen organizado y paramilitarismo en México

A finales de 2007, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, implementó una política de confrontación directa con la delincuencia organizada. Esta decisión propició un clima de inseguridad generalizada y se incrementaron los delitos de alto impacto como las ejecuciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada. En este contexto de violencia, algunos grupos de la sociedad recurrieron a la seguridad privada a través de la contratación de paramilitares en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y la formación de autodefensas en algunos municipios de Michoacán.  Este problema exhibió la incapacidad del Estado para proveer seguridad pública y la situación de algunos territorios que formalmente estaban gobernados por los poderes constituidos, pero materialmente estaban subyugados en un orden normativo paralelo contrario a laconstitución y, en algunas ocasiones, controlados totalmente por el crimen organizado.