Disminución de la violencia y prevención del uso de drogas: prioridades en la estrategia de la lucha contra el narcotráfico en México

El narcotráfico ha estado presente en México desde el comienzo del siglo XX cuando la prohibición del comercio de opiáceos fue establecida e impulsada por los Estados Unidos. Desde entonces, los daños sociales ocasionados por el narcotráfico se han ido incrementando de manera constante. Actualmente, el ejemplo más evidente de este daño social es la violencia y el creciente número de asesinatos asociados al narcotráfico. En respuesta, el gobierno mexicano ha lanzado un ataque frontal contra los cárteles de droga en un esfuerzo por reducir esta violencia. Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos no han sido los esperados. Ello se debe a que el principal problema que las autoridades mexicanas enfrentan en su guerra contra las drogas es la falta de una estrategia capaz de coordinar de manera efectiva a las instituciones de seguridad pública y los tres niveles de gobierno para luchar contra el narcotráfico. Por otra parte, la mayor parte de los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano en esta lucha siempre han estado basados en un enfoque de reducción de la oferta, cuyos límites han demostrado su inefectividad ya que no atiende las raíces sociales donde se encuentra el origen del problema del narcotráfico. En tanto esto no se haga, la guerra de México contra las drogas será algo permanente. Esta investigación propone una sene de alternativas de política pública orientadas a disminuir la violencia y prevenir el consumo de drogas entre la población, objetivos que deben ser prioritarios para el gobierno en su combate al narcotráfico. Entre ellas se encuentran la adopción de una estrategia disuasiva en contra de las organizaciones criminales más violentas para así disuadirlas de ser el blanco de todos los recursos y capacidades de las que dispone el Estado; la despenalización de la marihuana, acción que podría darse a partir de la Ley contra el narcomenudeo aprobada en 2009 a fin de suprimir parte importante de los ingresos de los cárteles; la consolidación de los Mandos Únicos Estatales dirigidas a combatir delitos del fuero común (que son cerca del 90% de los crímenes cometidos en el país); y finalmente, la asignación de mayores recursos a los programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, pues ello se trata también de un asunto de salud pública y no exclusivamente de uno de seguridad.